28 enero 2010

Madre relata insólito arresto en FedEx

Guatemala entablaría demanda
Por Enrique Flor, EL SENTINEL 
Click here to find out more!Donde menos lo hubiera pensado, Damaris Vásquez acabó siendo arrestada junto con su hijo Angel, de 2 años, por agentes de inmigración: en una agencia de Federal Express (FedEx).

Esta madre de 21 años es una de tres personas guatemaltecas que el pasado miércoles 6 fueron detenidas mientras aguardaban en una oficina de esa empresa de correo, en Riviera Beach, para recibir pasaportes tramitados por el gobierno de Guatemala.

Por primera vez tras su arresto, Vásquez ofreció una entrevista en persona a un medio de prensa sobre una captura sin precedentes en el sur de la Florida, y quizás en Estados Unidos, la cual, por cierto, ha provocado la pública protesta del gobierno de Guatemala, además de una posible demanda contra la empresa de envíos.

“Nunca imaginé que por acompañar a un amigo a recoger su pasaporte a FedEx podrían arrestarme, esposarme y llevarme en una patrulla con mi hijito”, relató Vasquez, con voz tenue y sin cesar de mover su pierna derecha, en una extensa entrevista con el Sentinel, en la ciudad de Júpiter, al norte de Palm Beach.

“Me apuntaron con una pistola, sentí mucho miedo, me puse a llorar, es la primera vez en mi vida que me pasa algo así”, agregó la mujer indocumentada que hace cinco años migró de San José Pinula (Guatemala) al sur de la Florida para trabajar y ayudar a su familia.

Esta detención realizada por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue calificada por el cónsul de Guatemala en Miami, Felipe Alejos, como “un acto inhumano e inmoral”.

“Apuntarle con un arma a una mujer que no representaba ninguna amenaza y que estaba con su hijo, no tiene nombre, estas acciones molestan, son inhumanas, es un acto inmoral que yo rechazo”, dijo el diplomático.

El Sentinel pidió la versión de FedEx sobre este incidente, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta de la empresa.

En declaraciones al periodista Jim DeFede, de CBS-Canal 4 (que destapó el caso el pasado viernes 15), Allison Sobczak, una vocera de FedEx, dijo que la firma alertó al ICE como un procedimiento de rutina ante sospechas de falsificación de documentos.

De acuerdo con esa versión, FedEx abrió varios paquetes porque tenían direcciones ilegibles que presuntamente impedían su entrega final, todos remetidos por una misma empresa que supuestamente no devolvió las llamadas.

Guatemala entablaría demanda
Por Enrique Flor, EL SENTINEL 
Click here to find out more!Donde menos lo hubiera pensado, Damaris Vásquez acabó siendo arrestada junto con su hijo Angel, de 2 años, por agentes de inmigración: en una agencia de Federal Express (FedEx).

Esta madre de 21 años es una de tres personas guatemaltecas que el pasado miércoles 6 fueron detenidas mientras aguardaban en una oficina de esa empresa de correo, en Riviera Beach, para recibir pasaportes tramitados por el gobierno de Guatemala.

Por primera vez tras su arresto, Vásquez ofreció una entrevista en persona a un medio de prensa sobre una captura sin precedentes en el sur de la Florida, y quizás en Estados Unidos, la cual, por cierto, ha provocado la pública protesta del gobierno de Guatemala, además de una posible demanda contra la empresa de envíos.

“Nunca imaginé que por acompañar a un amigo a recoger su pasaporte a FedEx podrían arrestarme, esposarme y llevarme en una patrulla con mi hijito”, relató Vasquez, con voz tenue y sin cesar de mover su pierna derecha, en una extensa entrevista con el Sentinel, en la ciudad de Júpiter, al norte de Palm Beach.

“Me apuntaron con una pistola, sentí mucho miedo, me puse a llorar, es la primera vez en mi vida que me pasa algo así”, agregó la mujer indocumentada que hace cinco años migró de San José Pinula (Guatemala) al sur de la Florida para trabajar y ayudar a su familia.

Esta detención realizada por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) fue calificada por el cónsul de Guatemala en Miami, Felipe Alejos, como “un acto inhumano e inmoral”.

“Apuntarle con un arma a una mujer que no representaba ninguna amenaza y que estaba con su hijo, no tiene nombre, estas acciones molestan, son inhumanas, es un acto inmoral que yo rechazo”, dijo el diplomático.

El Sentinel pidió la versión de FedEx sobre este incidente, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta de la empresa.

En declaraciones al periodista Jim DeFede, de CBS-Canal 4 (que destapó el caso el pasado viernes 15), Allison Sobczak, una vocera de FedEx, dijo que la firma alertó al ICE como un procedimiento de rutina ante sospechas de falsificación de documentos.

De acuerdo con esa versión, FedEx abrió varios paquetes porque tenían direcciones ilegibles que presuntamente impedían su entrega final, todos remetidos por una misma empresa que supuestamente no devolvió las llamadas.

 

 

No obstante, el cónsul Alejos cuestionó esa versión. “Jamás se comunicaron con ellos [Corporación La Luz, con sede en Luisiana], no recibieron ninguna notificación [de FedEx]“, enfatizó el diplomático. Corporación La Luz es la firma encargada de imprimir los pasaportes guatemaltecos en Estados Unidos.
Por su parte, ICE señaló que inició una investigación luego de haber sido contactada por FedEx ante la sospecha de que paquetes no entregados posiblemente podrían contener pasaportes de Guatemala falsificados.

“Luego de que ICE corroboró que eran legítimos fueron devueltos al gobierno de Guatemala”, dijo Nicole Navas, vocera de esa agencia en Miami.

En todo momento, la agencia federal ha negado que hubo un acuerdo previo entre ICE y FedEx para tender un señuelo y atraer a los guatemaltecos a la oficina de Riviera Beach. Sin embargo, el gobierno guatemalteco rechaza esta versión.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, dijo el cónsul Alejos. “Todos saben que hubo una coordinación entre FedEx y el ICE, pero lo niegan, y no aceptarlo es un poquito cínico”.

Preparan demanda

Cuando los agentes de ICE acudieron a la oficina de FedEx el 6 de enero, encontraron a personas que habían violado las leyes de inmigración, arrestaron a tres individuos e incluso uno de ellos había reingresado ilegalmente a Estados Unidos tras ser deportado tiempo antes, sostuvo la vocera de ICE.

“Los agentes se identificaron y entrevistaron a los individuos que estaban recogiendo los paquetes”, dijo Navas.

Agregó que la falsificación de documentos, como los pasaportes, representa una amenaza grave a la seguridad nacional y pública, porque permite la entrada a Estados Unidos de indocumentados, criminales y terroristas.

En este caso, el operativo en el que llegaron dos unidades del ICE, dos patrullas de la policía y unos ocho agentes fue dirigido en contra de personas que iban a recoger su correo, entre ellos un lavador de autos y una joven madre y su hijo de 2 años.

 

 

“Ellos me gritaron que eran del ICE, estaban vestidos de civil, y me apuntaron con una pistola, yo sólo estaba esperando dentro del auto a mi amigo (Gaspar González) que estaba dentro de FedEx recogiendo su pasaporte”, recordó Vásquez.
A los pocos minutos, agregó la mujer, González salió esposado junto con otro guatemalteco que también había acudido a recoger su pasaporte: Miguel Tum. Un cuarto guatemalteco corrió y logró escapar.

“En ese momento los agentes dispararon al aire, tuve miedo, al final me metieron a una patrulla con mi hijito”.

En el caso de González y Tum, ambos fueron deportados el pasado jueves 14. En el caso de la joven madre, ella recibió asistencia legal oportuna por parte de Jill Hanson, presidenta del directorio de El Sol, una organización de apoyo a los inmigrantes en la ciudad de Júpiter. Fue liberada por razones humanitarias y tiene programada una cita ante un juez de inmigración para el próximo 3 de junio.

Ahora el gobierno de Guatemala estudia la posibilidad de entablar una demanda contra FedEx y ICE por la violación de la Convención de Viena. Este convenio obliga a los estados signatarios, entre ellos Estados Unidos, a otorgar todo tipo de facilidades a las representaciones diplomáticas para cumplir sus funciones, entre las cuales está la de emitir documentos como los pasaportes, señaló el abogado del consulado John De León.

Existe también una posible trasgresión a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza que no puede haber una violación de la privacidad de la correspondencia sin previa orden judicial, agregó De León.

“Aquí evidentemente no hubo esa orden”, detalló el letrado.

 

 

10 diciembre 2009

El caso del Fokker del Alianza Lima y el negado derecho a la información

Tomado de Infopública de Ipys

Informe de Enrique Flor desde Miami.- Hella Tomasini Aita está convencida de que sus padres murieron consumidos no sólo por el dolor que provoca la muerte de un hijo sino por el silencio de la Marina de Guerra del Perú.

Su madre, del mismo nombre, falleció el 14 de febrero de 2001 clamando hasta sus últimos días, durante poco más de 13 años, que ese instituto armado le diera una explicación por la muerte del menor de sus dos hijos, Alfredo Tomasini, delantero del club de fútbol Alianza Lima.

El futbolista fue una de las 43 víctimas del Fokker F-27 de la Marina de Guerra que se estrelló en el mar de Ventanilla, el 8 de diciembre de 1987.

“Luego de la muerte de mi hermano, mi mamá nunca recibió una respuesta de la Marina, ella murió a los 62 años de edad sin encontrar la paz que buscaba, sin conocer la verdad de lo que le ocurrió a Alfredo”, afirma la hermana del fallecido jugador.

Por primera vez en 22 años Tomasini Aita habla públicamente sobre el drama que sufrió su familia ante el presunto ocultamiento de una investigación realizada por la Armada peruana.

“La Marina había hecho una investigación, la terminaron y la escondieron a pesar de que le rogábamos una respuesta por lo que sucedió, hasta que ustedes la encontraron en Estados Unidos”, dice Tomasini Aita en diálogo telefónico desde su hogar de Miraflores, en Lima.

El documento oculto

En septiembre de 2006, tras dos encuentros previos, una fuente me citó en el downtown de West Palm Beach, ciudad ubicada a una hora y media de Miami, en el sur de la Florida.

Allí, desde el desaparecido restaurante Marks, ubicado en el segundo piso de City Place, un céntrico centro comercial de West Palm Beach, se podía observar a la distancia, en plena calle Hibiscus, el paradero inicial de un bus anfibio dedicado a pasear a turistas por las calles del downtown y a navegar por la bahía de West Palm Beach, frente a las casas de veraneo de millonarios estadounidenses.

Muy pocos sabían que el piloto de aquella embarcación turística, llamada Diva Duck, era el ex oficial de la Marina de Guerra peruana que tuvo a su cargo la investigación del accidente del Fokker que enlutó al equipo aliancista. Se trataba del ex capitán de navío Edmundo Mercado Pérez, quien guardaba consigo una copia original de ese documento en el sur de la Florida, a donde se mudó con su familia en 1988.

Se trataba del informe final de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Naval culminado el 8 de febrero de 1988, dos meses después del accidente del Fokker -27 de matrícula AE-560. Este documento nunca había sido de acceso público en el Perú, a pesar de los reclamos de los familiares de las víctimas del Alianza Lima.

Cuando lo vi por primera vez, el documento de 144 páginas estaba archivado en un fólder plástico de tapa transparente por el frente y naranja por detrás. Algunas de sus hojas tenían el sello de “reservado” o “secreto” y mantenían las huellas de grapas y clips oxidados por el paso de los años.

Partes medulares del documento, que previamente había podido copiar en una libreta con la autorización de la fuente, ya venía siendo investigado en Lima por César Hildebrandt Chávez, periodista del entonces programa televisivo La Ventana Indiscreta, que dirigía Cecilia Valenzuela (ver informe especial).

Originalmente, desde Lima, Hildebrandt Chávez había entablado contacto telefónico con la fuente en West Palm Beach. Y luego de lograr el acceso al documento escondido, Hildebrant Chávez corroboró de forma rigurosa la información, lo que implicó varias entrevistas en y fuera de cámaras con una veintena de fuentes militares, políticas y judiciales. Ese cruce de información no sólo ofreció la plena convicción de que el documento era verdadero, sino que sirvió de insumo contundente para elaborar una serie de reportajes con información inédita sobre la tragedia.

“Cuando (en octubre de 2006) vi el reportaje del documento oculto en Estados Unidos mi padre me hizo prometerle una cosa: que yo no dijera nada, que no diera ninguna entrevista”, recuerda Tomasini Aita.

El dolor de los padres

La hermana del jugador asegura que su padre, Alfredo Tomasini Gutiérrez, un ex médico traumatólogo de la clínica Maison de Santé, en el centro de Lima, mantenía vivo el temor de supuestas amenazas que le habrían hecho agentes de la Marina, poco después del accidente.

“El 16 de diciembre (de 1987), casi una semana después de la tragedia, mi papá fue retenido en la Comandancia General de la Marina, que está en (la avenida) Salaverry (en el distrito de Jesús María), él me contó que lo tuvieron ahí varias horas, y le dijeron cosas como que no siga metiéndose (en el caso), que sabían que tenía otra hija que cuidar, que era época de terrorismo”, relata Tomasini Aita.

A partir de ahí, agrega, su padre optó por tomar distancia y dejó de insistirle a la Marina o de dar alguna declaración a los medios. En agosto de 2007, luego de diez meses de que la prensa revelara la existencia de la investigación oficial de la Marina, Tomasini Gutiérrez falleció a los 73 años de edad víctima de un cáncer fulminante.

“Mi padre era un hombre muy fuerte, entero, pero lo consumió la tristeza. Pero quien no se quedó callada fue mi mamá, ella siempre salía en los medios, incluso mi familia era amiga de Mauricio Fernandini (reportero de televisión). Ella siempre pedía a través de los medios que le dieran una explicación sobre el accidente”.

La cadena de mando

Entre los documentos encontrados en West Palm Beach se encuentra un compendio del Informe Final del accidente elaborado por Mercado Pérez y que fue elevado al entonces Comandante General de la Marina,  el 10 de mayo de 1988 con el objetivo de procesar el cobro de la póliza con Popular y Porvenir Compañía de Seguros.

En ese resumen de 11 páginas, Mercado concluye que el Fokker 27 se estrelló en el mar por “un error humano”. En síntesis, la responsabilidad recayó sobre el piloto, el entonces teniente Edilberto Villar, y el copiloto, teniente Fernando Morales Dapuetto.

Y pese a que posteriormente fue absuelto por la Justicia Militar, las acusaciones no dejaron de centrarse en Villar, quien nunca ha dado su versión oficial sobre los hechos. Ni para la investigación realizada por Mercado Pérez, ni ante la opinión pública. Una vez absuelto judicialmente, Villar se habría mudado a Australia, según versiones extraoficiales.

No obstante, la investigación es reveladora. Esta ofrece luces sobre la responsabilidad de la cadena de mando de la Marina de Guerra por dos factores clave:

Primero, la Aviación Naval (de la Marina de Guerra del Perú) enfrentaba serias dificultades para entrenar de forma adecuada a sus pilotos.

En el informe X.1000-1539, del 24 de diciembre de 1986 (casi un año antes del accidente) elaborado por el entonces comandante de Fuerza de la Aviación Naval,  Augusto Vargas Prada, este le solicita al Comandante General de Instrucción, Augusto Parodi Rivera, iniciar un programa de entrenamiento de pilotos para Fokker 27 mediante un simulador de vuelo para mejorar el nivel de capacitación.

Este programa implicaba el envío de oficiales al extranjero para ser entrenados en la compañía Air New Zeland, entonces propietaria del único simulador de ese tipo de aeronaves, de acuerdo al documento.

El informe de Vargas Prada detalla, por ejemplo, que para instruir a los pilotos en procedimientos de emergencias, la aeronave no podía ser sometida a condiciones de vuelo real en las accidentadas regiones naturales del país y las variantes condiciones atmosféricas por el riesgo personal y material. Por eso, Vargas pidió iniciar un programa de instrucción en tierra, ejercicios de emergencia y prácticas de simulador con tres oficiales a principios de 1987.

En enero de 1987, Parodi Rivera le respondió a Vargas Prada a través del memorándum reservado 062, que el curso de entrenamiento para pilotos de Fokker 27 sería incluido recién en 1988. Mientras, siguieron operando.

Segundo: A pesar de que los pilotos de Fokker 27 no tenían la suficiente capacitación, la Marina continuó ofreciendo servicio de transporte a civiles.

Los documentos compilados durante la investigación de Mercado Pérez demuestran que los mandos de la Marina eran conscientes del problema de entrenamiento de sus pilotos aeronavales. Sin embargo, no destinaron los recursos necesarios para solucionar el problema.

Hasta allí quizás el problema sería sólo presupuestal, como ocurre con la gran mayoría de instituciones gubernamentales del Perú. Sin embargo, ¿si se sabía de ese problema cómo es que la Marina de Guerra del Perú fletaba sus aeronaves para llevar a civiles como ocurrió en el caso del Alianza Lima?

Pero las pocas horas de vuelos que registraban los pilotos de la Marina no sólo era un problema de los pilotos de Fokker 27. El informe secreto X.1000-043, del 18 de mayo de 1987 (siete meses antes del accidente), elaborado por el Comandante del Grupo Aeronaval Numero 2, capitán de navío Gustavo Salcedo Williams, detalla la carencia de repuestos y la poca disponibilidad de vuelos en helicópteros para entrenar a los pilotos en vuelos reales en este tipo de aeronaves.

El retraso de la taquilla y el vuelo nocturno

De acuerdo con los reportes de la Marina, Villar registraba 1,170 horas de vuelo en el F-27, de las cuales 102 habían sido como comandante de aeronave. Cuando ocurrió el accidente, Villar tenía un año como comandante de aeronave.

Según la investigación, el F-27 despegó de Pucallpa rumbo a Lima el martes 8 de diciembre a las 18:31 y no a las 17:20 como estaba programado, debido a que un miembro de la delegación del Alianza Lima, responsable del cobro de la taquilla del partido contra el Deportivo Pucallpa, se retrasó y recién abordó el F-27 a las 18:15. Esto significaba que parte del vuelo hacia Lima y el aterrizaje se harían de noche.

Al respecto la investigación de Mercado Pérez detalla que en los tres meses previos al accidente, Villar sólo había tenido 12 horas de vuelo instrumental en el F-27. De noche apenas acumulaba cinco horas. En el último mes no registraba ni una sola hora de vuelo nocturno.

Durante esa investigación, los jefes de Villar aseguraron que el entonces teniente contaba con la capacidad suficiente para comandar la aeronave. Respecto a Morales, las opiniones fueron más conservadoras. Pero lo cierto es que los reportes oficiales de la Marina detallan que apenas registraba una hora de vuelo nocturno en los tres meses previos al accidente.

El resto es historia conocida. De a cuerdo a la investigación de Mercado Pérez ocurrió una serie de hechos: la luz del tren de aterrizaje delantero prendió en naranja (indicando que algo estaba mal); Villar empezó a revisar los manuales de procedimiento – que estaban escritos en inglés, idioma que no dominaba -, y le entregó el mando a Morales; éste sin percatarse piloteó la aeronave en descenso hacia el mar; y cuando Villar intentó rectificar fue muy tarde. El avión se estrelló en las aguas de Ventanilla.

Sin embargo, la conclusión de esta suma de factores no incluyó la negligencia de los mandos de la Marina al ofrecer un servicio de transporte para civiles sin que se destinara el presupuesto necesario para ofrecer la adecuada capacitación a sus pilotos. El hilo se rompió por el lado más débil y las acusaciones se centraron en Villar.

Tras revelarse esta investigación en octubre de 2006, la Marina no se disculpó con los deudos ni ofreció una explicación sobre cómo ocurrieron los hechos. La versión oficial de la Armada fue que toda esta documentación la entregó de forma oportuna al Congreso de la República, y mostraron los cargos con sellos de recepción del parlamento. En los archivos del Congreso no fueron ubicadas las copias de la investigación. Asimismo, la Marina decidió colgar en su página web la investigación, medida de que venía siendo reclamada durante dos décadas.

El silencio a la tumba

El 29 de julio de 2008, Mercado Pérez, el investigador de la Marina, murió de cáncer generalizado en un hospital de West Palm Beach. Su ex esposa Nayade Portillo, que antes los ojos de la Marina fue la fuente que me habría abierto las puertas a la investigación oficial del caso del Fokker, se encuentra envuelta en una trama legal debido a que la Marina retuvo la mitad de la pensión de orfandad que por derecho le correspondía a su hijo de 10 años.

De acuerdo con Portillo, luego de que murió Mercado ella viajó a Lima y se presentó en la sede naval del Callao para tramitar la pensión para su hijo. Mientras esperaba la resolución que aprobaba la pensión, se presentó la primera esposa del difunto alegando que tenía un hijo incapacitado.

Con ese argumento, explica Portillo, la Marina retuvo el 50 por ciento de la pensión hasta que la primera esposa demuestre judicialmente que el hijo de 30 años es realmente incapacitado.

“Esto me parece un abuso, un perjuicio al hijo menor del hombre que tuvo el informe (del caso Fokker 27), y por los errores del padre no puede pagar mi hijo”, dijo Portillo, quien estuvo junto a Mercado Pérez hasta el final de sus días en el sur de la Florida.

Por su parte, Tomasini Aita señala que los deudos del accidente se han vuelto a organizar, y han retornado al Poder Judicial “para demandar a la Marina en busca de una pensión justa”. Para ello han contrato al estudio del abogado José Ugaz.

Lo que más le indigna a Tomasini Aita es que la Marina ha tratado a los deudos “como a sus enemigos”.

“Nunca nos dijeron todo lo que sabían de este caso, el acceso a una investigación oficial culminada fue bloqueado por casi dos décadas”, afirma.  “Por eso a la Marina no le creo nada de lo que ha dicho en este caso, todo siempre ha sido una mentira”.

16 noviembre 2009

Conozca los lobbies que hay detrás de las 8 potencias contaminantes

Ante la proxima cumbre de las Naciones Unidas en Copenhague sobre el Cambio Climatico un equipo de periodistas de investigacion demuestran como los lobbies de grandes corporaciones han logrado doblegar iniciativas legislativas para frenar los niveles de contaminacion en ocho potencias industriales.

Este reportaje es el más reciente trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una Organización que busca profundizar lazos con periodistas de investigación en América Latina.

    Enrique Flor (*), IPYS, Washington D.C.

 

Una investigación periodística que revela los lobbies de grandes corporaciones y las concesiones que les fueron otorgadas por los gobiernos de ocho potencias industriales es el más reciente trabajo divulgado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en coordinación con periodistas y medios de cinco continentes. ICIJ es un proyecto del Centro para la Integridad Pública (CPI), en Washington D.C.

La investigación se centra en la influencia y las presiones ejercidas por industrias contaminantes como el carbón y el acero, entre otras, que temen significativas pérdidas económicas si los gobiernos del mundo firman un tratado global para controlar emisiones de gases y disminuir los efectos del calentamiento global. Este acuerdo, auspiciado por las Naciones Unidas, será el sucesor del tratado de Kyoto de 1998 y se negociará a principios de diciembre en la ciudad de Copenhagen. 

Desde Brasil a China pasando por Estados Unidos y la Unión Europea, las industrias contaminantes han contratado miles de lobbistas e invertido millones de dólares en campañas publicitarias y contribuciones políticas para debilitar las propuestas que los diversos países llevarán a Copenhagen, según la investigación de ICIJ.

El reportaje revela sorprendentes virajes políticos, como el que actualmente protagoniza el Congreso de los Estados Unidos donde propuestas legislativas pretenden otorgar años de gracia a empresas que buscan seguir contaminando sin pagar una compensación en dinero. De acuerdo con la investigación, en Estados Unidos hay 2,810 lobbistas registrados para influenciar a los congresistas sobre temas de cambio climático – es decir, existen cinco lobbistas por cada miembro del Congreso. 

 “En su campaña presidencial Barack Obama dijo que las compañías que emitieran por encima de ciertos límites tendrían que pagar para hacerlo, pero gracias a los lobbies en Washington esas promesas se diluyeron”, afirma Marina Walker Guevara, vicedirectora de ICIJ, una red de más 100 periodistas investigativos en 50 países del mundo.

Desde su oficina ubicada a pocas cuadras de la Casa Blanca, Walker Guevara detalla que la investigación de cuatro meses incluyó 14 reporteros y se centró en un grupo de países y bloques económicos que jugarán un papel clave en las negociaciones de Copenhagen: China, Australia, Japón, Brasil, Canadá, Estados Unidos, India y la Unión Europea.

 “Esta investigación muestra la influencia que ejercen intereses privados sobre políticas públicas ambientales que afectan a todos y que tienen que ver con la viabilidad del planeta”, dice la periodista de origen argentino. En países como EE.UU., Canadá y Australia, los periodistas de ICIJ pudieron acceder a registros públicos de lobbistas, pero en países con menor apertura las dificultades para reportear fueron grandes. “En China, por ejemplo, es muy complicado porque los lobbies trabajan dentro de un grupo muy cerrado al interior del propio partido de gobierno, el partido comunista”, detalla.

Un proceso minucioso

En la sala de redacción del Centro para la Integridad Pública, un equipo de editores, verificadores de información (fact-checkers) y hasta abogados, liderados por David Kaplan, director de ICIJ, y Walker Guevara, han dedicado al menos un mes y medio a la edición de los artículos y corroboración de datos.

Esta metodología de trabajo –escrupulosa al máximo en cuanto a la verificación de información – le ha permitido al CPI enfrentar exitosamente demandas legales como la que le entabló un empresario ruso hace algunos años atrás. Tras varios años de litigio, el tribunal falló a favor de CPI; pero el juicio le hizo perder a CPI su seguro contra demandas de este tipo. 

Walker Guevara explica que cada proyecto periodístico se planea estratégicamente, tanto la etapa de investigación como su presentación. “Para presentar temas que suelen ser complejos utilizamos la mayor cantidad de recursos visuales y herramientas digitales como gráficos interactivos, video o mapas que hacen más accesible la información”, afirma.

En plena sala de redacción del CPI, Walker muestra a IPYS un mapa interactivo que detalla los países con mayores emisiones de gases contaminantes. El  lector puede elegir ver emisiones de acuerdo a cuatro criterios: emisiones históricas (en las cuales lideran EE.UU. y la Unión Europea), actuales (China es el mayor emisor), per cápita (Australia a la cabeza) e intensidad (China, Rusia, Sudáfrica). “Este tipo de recursos es más didáctico, más atractivo para los lectores”, enfatiza.
               
ICIJ busca crecer en Latinoamérica

De acuerdo con Walker Guevara, ICIJ se encuentra  en proceso de reclutar periodistas del Medio Este, China, Centroamérica y Sudamérica para sumarlos a su red investigativa y desarrollar trabajos a futuro.

 “En la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin), realizada en Lima (en agosto pasado) me impactó la solidez de la nueva generación de periodistas investigativos en la región. De manera particular me llamó la atención el trabajo que desarrolla Brasil con el uso del periodismo asistido por computadora”.

 “Queremos expandir nuestra red a países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú y Bolivia, entre otros”.

Los temas de investigación de ICIJ se suelen centrar en la investigación de la corrupción, el crimen organizado y seguridad, pero además el CPI, que fue fundado en 1990, ha venido desplegando esfuerzos para desarrollar temas de salud pública y medioambiente.

En el año fiscal 2007-2008, el CPI ha producido 74 investigaciones periodísticas y ganado 14 premios en Estados Unidos, según detalla el reporte anual de esa organización sin fines de lucro y en la que laboran 34 personas.

Sólo en el último año, el sitio web de CPI http://www.publicintegrity.org/ generó 1.2 millones de visitas. Al respecto Walker recordó que los interesados pueden convertirse en seguidores de ICIJ a través de Facebook, donde ya se han registrado cerca de 1,500 personas.